“LAS CURADURIAS URBANAS”

Desde la Constitución de 1886, Colombia ha sido considerada como un estado unitario con centralización política y descentralización administrativa, dentro del cual se establecen preceptos como el de delegación y desconcentración. La Constitución de 1991 le dio aún más importancia a la descentralización administrativa de funciones. Es así que toma gran importancia el traslado de funciones administrativas a los particulares bajo la fórmula de la descentralización por colaboración. Si bien es cierto, esta forma de descentralización ya se presentaba de tiempo atrás respecto de las funciones notariales, y posteriormente con las Cámaras de Comercio a través del Registro Mercantil y de Proponentes, es claro que esta forma de administración cobra día a día mayor importancia en nuestro país.

El Curador Urbano constituye un nuevo ejemplo de lo anterior. En efecto, mediante el Decreto 2150 de 1995 el Gobierno Nacional plasmó la necesidad de trasladar a los particulares funciones administrativas que habían sido desarrolladas históricamente por los entes estatales de planeación. Esto, con el único fin de lograr que dichos particulares se encargaran de descongestionar y mejorar la planeación urbana local.

La facultad de expedir licencias de construcción, principal función de los Curadores, resulta más importante de lo que aparenta ser. Es a él a quien le corresponde determinar que tipo de construcción pueden adelantar los particulares en sus propios inmuebles, o que tipo de establecimiento de comercio puede funcionar o no en determinado lugar.

Esto solo quiere significar una cosa de vital importancia, y es que los propietarios de los inmuebles tienen efectivamente un derecho preexistente (el de propiedad), pero limitado por la primacía del interés colectivo sobre el interés particular en los términos previstos por las normas urbanas.

Con esta figura se ha recuperado la credibilidad en las funciones del Estado, no solo por parte del gremio de la construcción sino del ciudadano en particular, quienes han considerado eficiente el servicio prestado hasta el momento por parte de las Curadurías Urbanas y acuden a obtener sus licencias de construcción. El éxito se refleja no solo en beneficio mismo de la ciudadanía en general, sino en el de las mismas entidades de planeación quienes hoy en día ven la oportunidad de dedicarse a tareas más importantes como la planeación distrital, y al desarrollo adecuado de las ciudades del futuro.

Por disposición legal corresponde a los Alcaldes locales y municipales velar por que sus administrados acaten las normas urbanísticas y den estricto cumplimiento a lo autorizado en sus licencias de construcción. Es a esta autoridad a quien corresponde imponer las sanciones derivadas de dichas infracciones urbanísticas, atendiendo los criterios de justicia y equidad, guardando proporción entre la infracción y la sanción impuesta, además de tener en cuenta la condición sociocultural y económica del infractor.

Mientras continué la prevalencia del interés general sobre el particular como directriz del desarrollo urbano, la figura del Curador tendrá, sin duda alguna, la mayor responsabilidad en la tarea de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades y municipios de nuestro país.